7.6 Legislación relativa a la accesibilidad web y TIC

1. Introducción: ¿Por qué legislar la accesibilidad?

En el ámbito de la HCI, la accesibilidad busca garantizar que el mayor número posible de personas, independientemente de sus capacidades físicas, sensoriales o cognitivas, puedan utilizar los sistemas interactivos.

Históricamente, la accesibilidad era una recomendación (soft law). Hoy, bajo el principio de «Diseño para Todos», se ha convertido en una obligación legal (hard law) para evitar la discriminación y garantizar el acceso a la Sociedad de la Información.

2. Marco Jurídico en la Unión Europea

Europa ha sido el motor del cambio legislativo reciente a través de dos directivas fundamentales:

A. Directiva (UE) 2016/2102 (Web Accessibility Directive)

Se centra exclusivamente en el sector público. Obliga a que todos los sitios web y aplicaciones móviles de organismos del sector público (ayuntamientos, universidades, ministerios, etc.) sean accesibles.

• Requisito clave: Publicación de una «Declaración de Accesibilidad» y un mecanismo de comunicación para que el usuario reporte fallos.

B. Directiva (UE) 2019/882 (Acta Europea de Accesibilidad – EAA)

• Esta directiva es un hito porque extiende la obligación al sector privado. Cubre productos y servicios clave como:
• Cajeros automáticos y terminales de autoservicio.
• Servicios bancarios.
• Comercio electrónico (e-commerce).
• Libros electrónicos.

3. Marco Jurídico en España

España ha traspuesto fielmente las directivas europeas mediante leyes y reales decretos nacionales:

A. Real Decreto 1112/2018

Es la norma que aplica la directiva del sector público en España.

• Ámbito: Administraciones públicas y entidades que reciben financiación pública.
• Obligaciones: Los sitios web deben ser perceptibles, operables, comprensibles y robustos. Además, introduce la figura del Responsable de Accesibilidad en cada organismo.

B. Ley 11/2023 (Transposición del Acta Europea de Accesibilidad)

Publicada recientemente para dar cumplimiento a la Directiva 2019/882.

• Impacto: Afecta a empresas privadas (salvo microempresas de menos de 10 empleados y baja facturación) que operen en sectores críticos (banca, e-commerce).
• Plazos: Desde 2025, la mayoría de los productos y servicios digitales comercializados en España deben cumplir con estos estándares.